Gobierno mexicano atenderá resolución de la ONU en caso de torturas de militares
El Gobierno de México acordó este sábado instalar una mesa de trabajo para atender una resolución del Comité de Tortura de la ONU sobre la responsabilidad del Estado en la tortura, detención arbitraria, arraigo, uso indebido de la jurisdicción militar y negligencia en pesquisas de un caso de 2009.
El suceso implica a Ramiro Ramírez Martínez y Rodrigo Ramírez Martínez, así como a Orlando Santaolaya Villarreal y Ramiro López Vázquez, arrestados en el estado de Baja California, noroeste del país, en junio de 2009.
Los cuatro fueron detenidos por militares encapuchados en Tijuana y Rosarito en dos acciones distintas.
"Las secretarías de Gobernación (Segob), de Relaciones Exteriores (SRE) y la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) informan que se acordó la instalación de una mesa de trabajo ad hoc", detallaron las dependencias en un boletín conjunto.
Dicha mesa estará integrada por el subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Roberto Campa, el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE, Miguel Ruiz , y el subprocurador de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, Eber Betanzos.
Además del director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Jose Guevara, así como la abogada Mayra López, representantes de los detenidos y María Luisa Bascur, de la oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos
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